In septiembre de 2018, apenas tres meses después de la presentación de la Ley de Privacidad del Consumidor de California, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó la ley SB 1121. La SB 1121 modifica la CCPA que se aprobó en junio de este año. La SB 1121 deja la Ley mayormente intacta, pero aporta claridad a ciertos aspectos de la CCPA.
La CCPA no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2020. Pero el SB 1121 establece que el Fiscal General de California no puede hacer cumplir la Ley hasta seis meses después de la publicación de los reglamentos de conformidad con la Ley, o el 1 de julio de 2020, lo que ocurra primero. La probable prórroga de la fecha de aplicación debería dar a las organizaciones más tiempo para asegurarse de que cumplen con la Ley.
Derecho de acción privada
El proyecto de ley 1121 aclara que el único derecho de acción privado del consumidor permitido por la ley es el relativo a las violaciones de datos. Además, el SB 1121 suprime tanto el requisito de que el consumidor que interponga una acción privada lo notifique al Fiscal General de California, como la capacidad del Fiscal General de prohibir un derecho de acción privado del consumidor.
El proyecto de ley 1121 sigue prohibiendo a los consumidores iniciar una acción contra una empresa en un plazo de 30 días después de haber notificado a esa empresa cualquier infracción que hayan detectado.
Derecho de los consumidores a la supresión
La CCPA exigía anteriormente que el derecho de los consumidores a la supresión de sus datos personales se indicara en las políticas en línea de las empresas. El proyecto de ley 1121 modificó este requisito permitiendo a las empresas la flexibilidad de revelar el derecho a la supresión en una forma accesible para los consumidores.
Sanciones
El proyecto de ley 1121 distingue entre las sanciones por violaciones intencionadas de la ley y las no intencionadas. Cada infracción intencionada recibirá una sanción de hasta $7.500 por cada registro, mientras que las infracciones no intencionadas implican una multa de hasta $2.500 por registro. Esto podría significar multas gravemente punitivas para violaciones que impliquen, por ejemplo, 100.000 registros.
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Fuentes: Forbes, Washington Post
